Moción Conjunta Para Exigir Al Gobierno La Construcción De La Comisaria En Torrevieja

En la mañana de hoy jueves, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Torrevieja, se ha ofrecido una rueda de prensa para dar lectura a la moción aprobada por unanimidad en Junta de Portavoces. El alcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, ha dado lectura a esta moción que será aprobada en el Pleno Ordinario de mañana viernes, y en la que la Corporación Municipal exige, con carácter de urgencia, al Gobierno de España, y al Ministerio del Interior el cumplimiento íntegro de los compromisos adquiridos por ellos con nuestra ciudad, efectuándose una revocación plena de la decisión de paralizar la construcción de la Comisaría de la Policía Nacional en Torrevieja, produciéndose de manera inmediata la pertinente licitación y adjudicación de las obras de esta imprescindible infraestructura para nuestro municipio, manteniendo el puesto actual de la Guardia Civil, dentro de su área de competencias, recogidas en el ordenamiento jurídico vigente.

Hernández Mateo ha destacado que esta moción está por encima de ideologías políticas y solamente pretende que se lleve a efecto para el bienestar de los ciudadanos de Torrevieja.

Se acuerda así mismo en junta de portavoces trasladar esta moción el presidente del gobierno de España, a la mesa del congreso de los diputados, a la mesa del congreso del senado y al consell de la generalitat.

Además de los acuerdos adoptados, en esta moción se explica que los torrevejenses en 2005, pusieron a disposición del Gobierno de España, todo lo necesario para la construcción de una infraestructura absolutamente necesaria para el presente y futuro de nuestra ciudad; terreno público municipal y un proyecto técnico a gusto del Ministerio del Interior para la construcción por parte de la administración central del estado de una Comisaría de la Policía Nacional.

Se añade así mismo en la moción que el Gobierno de España manifiesta en el Congreso de los Diputados en julio del año 2008 que la ejecución de la Comisaría tendrá lugar durante el plazo bianual 2009/2010. Y responden en el Congreso de los Diputados que se ha previsto una anualidad para el año 2008 de trescientos mil €. Por lo tanto el argumento económico no puede considerarse válido para avalar esta discriminatoria decisión.