Según IU estas facturas fueron aprobadas por la Junta de Gobierno Local el 23 de abril del 2010 y sin control alguno por parte del pleno de la corporación.
IU ha señalado que se trata de gastos contraídos de manera ilícita, sin ajustarse a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y por lo que podríamos estar ante una malversación de fondos públicos que pudiera derivar en la inhabilitación de quienes lo cometen, todos del equipo de gobierno popular.
Izquierda Unida ha informado que ha incrementado el expediente que está en manos de su gabinete jurídico para estudiar su posible remisión a la fiscalía al considerar estos pagos fuera del ordenamiento jurídico y su constante repetición como método de pago irregular durante años.