La junta de gobierno local ha acatado una sentencia de 2017 que impone al ayuntamiento el pago de las costas procesales por valor de 700 euros. Esta sentencia obligaba tambien al ayuntamiento a devolver el aval , de 93.000 euros, depositado por la empresa que ejecutó las piscinas municipales descubiertas, y que ya fué abonado en su momento. Se trata de un expediente que viene del año 2010.